"Ver a mi papá libre fue
un sueño hecho realidad”

Ananías Laparra Martínez era albañil, trabajaba en Tapachula, Chiapas, México, cuando la policía se presentó para arrestarlo, sin una orden judicial, por presuntamente haber asesinado a Elvis Díaz Martínez, novio de su hija Rocío.

 

La familia de Ananías también fue arrestada ilegalmente: sus hijos, José, de 14 años; Rocío, de 16, y su esposa, Rosa Godínez. Fueron torturados y obligados a firmar declaraciones que incriminaban a Ananías en el homicidio.

​

Ananías, Rosa, Rocío y José comenzaban en ese momento una historia de injusticia y sufrimiento que tardaría más de 10 años en aclararse.

​

La tortura sufrida por Ananías le produjo una serie de traumatismos; recibió contusiones con puños, patadas, limitación prolongada de movimientos, asfixia, lesiones por aplastamiento, violencia sobre los genitales, desnudez forzada y humillaciones verbales.

​

Rosa Godínez, su esposa, fue detenida en dos ocasiones. La primera, el 10 de octubre de 1999, permaneció bajo custodia de agentes estatales, de manera arbitraria, durante cinco horas.

​

La segunda detención fue 4 días después, esta vez, junto a su hija Rocío. Fue cuando agentes de la Policía Judicial del Estado de Chiapas y el agente del Ministerio Público la forzaron a firmar una declaración en contra de su esposo, sin que ella supiera escribir ni leer. Permaneció aproximadamente trece horas detenida, sin asistencia legal.

​

A Rocío, la amenazaron con ser violada por agentes judiciales y por el propio agente del Ministerio Público. 

​

José, el hijo de Ananías y Rosa, sufrió torturas físicas y psicológicas que incluyeron, simulacros de asfixia por sumersión en agua, inserción de líquido por la nariz y fuertes golpes en diversas partes del cuerpo. Ananías fue llevado golpeado a ver su hijo; el objetivo, presionar a José a declarar, responsabilizándole por el mencionado crimen a su padre.

​

El Juzgado Primero del Ramo Penal, en el Estado de Chiapas, ratificó la legalidad de la detención de Ananías con base en la excepción de "urgencia y flagrancia", a pesar de que fue detenido en su lugar de trabajo, cinco días después de ocurrido el homicidio por el que se le había imputado.

​

El 31 de enero de 2002, el Juez Primero Penal del Distrito Judicial del Soconusco, Estado de Chiapas, declaró responsable a Ananías por el homicidio de Elvis Díaz Martínez, imponiéndole una pena privativa de libertad de 28 años, 7 siete meses y 15 días.  

​

A pesar de las irregularidades y violaciones que constaban en de la Causa Penal, no se analizaron las denuncias de tortura y coacción en contra de la familia Laparra; y desestimaron todas las pruebas testimoniales y careos tendentes a comprobar su inocencia.

​

Durante el tiempo que estuvo recluido, Ananías no contó con los cuidados mínimos adecuados, de atención médica para tratar las enfermedades y lesiones sufridas a consecuencias de los traumatismos que le causaron las torturas. 

​

Tampoco recibió los cuidados de salud e higiene requeridos y tuvo un deficiente régimen de alimentación, factores que resultaron en la adquisición de diversas enfermedades e infecciones durante los 12 años que estuvo recluido. 

​

Las situaciones por las que atravesó Ananías contribuyeron con que desarrollara tres tipos de cáncer, entre otras enfermedades; además, fue sometido a una extracción completa de su riñón.

​

Ananías interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia que lo condenaba, pero el Tribunal en segunda instancia resolvió confirmar dicha sentencia.

​

Testimonios manuscritos de Ananías Laparra 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Cuando sucedió todo esto, Rocío cursaba el primer año de la secundaria. Nunca pudo terminar sus estudios porque dedicó esos 12 años de su vida a visitar a su padre y buscar la manera de conseguir su libertad.

​

José estudiaba el primer año de la secundaria en la época y tras los sucesos, abandonó sus estudios. En el año 2000, se fue de su casa, perdió contacto con su familia, hasta el fallecimiento de su padre, en diciembre de 2019.  

​

Como consecuencia de la condena ilegal de su esposo, Rosa no tuvo el sustento económico para mantener a su familia. Vendió el lugar donde vivían para buscar ayuda y realizó diversas acciones para tener las condiciones económicas mínimas que les permitieran sobrevivir. 

​

El 21 de septiembre de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió la petición presentada por los abogados Thomas Antkowiak, Ricardo Lagunes Gasca y Alejandra Gonza, con el apoyo de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle. Dicha petición, alegaba la responsabilidad internacional del Estado de México por la violación de los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la protección judicial y los derechos del niño.

​

El 28 de febrero de 2012, Ananías fue notificado que el Gobernador de Chiapas le concedió el beneficio de la libertad, la sentencia quedaba suspendida. Sin embargo, no se reconocía su inocencia, ni se borraron sus antecedentes penales.

​

"Ver a mi papá libre fue un sueño hecho realidad, algo que no podía creer y nunca olvidaré. Al principio los obstáculos fueron muchos. En México solo nos decían que no había nada que hacer, que mi papá tenía que cumplir la condena y no podría salir. Nadie nos creía su inocencia. Pero cuando llegó la Comisión Interamericana las cosas cambiaron para bien”, cuenta la hija, Rocío.

 

El 5 de septiembre de 2014, las partes suscribieron un Acuerdo de Solución Amistosa en el cual, el Estado reconoció su responsabilidad y se comprometió con implementar medidas de reparación a favor de Ananías Laparra y su familia.

​

"La Solución Amistosa, en este caso, generó un precedente inédito sobre reparaciones en casos de condenas erradas, confesiones bajo tortura e inocencia, impulsando al Estado y sus instituciones a aceptar un acuerdo internacional como prueba nueva que permitiera abrir un proceso de exoneración internamente. Pero no sólo diseñó un mecanismo para facilitar la exoneración de la víctima a través de un acuerdo internacional de reconocimiento de responsabilidad; sino que, además reconoció la tragedia familiar que acarrea una condena errada, incluyendo a su esposa e hijos como víctimas en el caso. Finalmente impulsó en México la discusión sobre reformas legislativas indispensables para lograr reconocimientos de inocencia ante condenas erradas y confesiones bajo tortura a través de reformas legislativas importantes que todavía se están gestando”, representantes legales de Ananías y su familia.

"Fue un camino muy largo. Duro, pero también bonito porque pude conocer a mis tres ángeles que nos defendieron y pelearon por nosotros. Ahora, trato de salir adelante y rehacer mi vida; pero después de tanto tiempo me quedé a cargo de mis papás enfermos y mis hijitos y me estoy dando por vencida con mi sueño de estudiar y tener una vida mejor, una profesión, un negocio del que vivir dignamente. Salir adelante es lo más difícil de lograr. Nunca se puede reparar todo el daño que hace la cárcel y la injusticia a una familia humilde. Perdí a mi hermano. No pudimos tener una vida normal”, dice Rocío.

 

In memoriam

​

Ananías Laparra falleció el 24 de diciembre de 2019, luego de una incansable lucha por recuperar su buen nombre y dignidad. Su familia y representantes continúan en la búsqueda de la implementación total del acuerdo en lo que corresponde a la investigación de los hechos y el impulso del debate legislativo sobre reconocimiento de inocencia en casos de graves violaciones a los derechos humanos.