“El haber estado en prisión y haber experimentado tantas cosas me da la posibilidad de entender
por qué yo lo viví. Hoy noto un gran cambio”.
Marta Lucía Álvarez, una historia de lucha por los derechos LGBTI
Marta Lucía Álvarez inició un camino de lucha por sus derechos, estando privada de su libertad en Pereira, Colombia. Cuando, en 1994, solicitó a las autoridades penitenciarias que se le concediera una visita íntima, esta última le fue negada por motivos discriminatorios basados en su orientación sexual. Posteriormente, Marta fue trasladada a diferentes centros de reclusión en el país, en distintas oportunidades.
“Mi nombre es Marta Álvarez y en 1996 con la ayuda de mi abogada Marta Tamayo interpusimos una demanda contra el Estado colombiano por violar mi derecho a la visita íntima y el mismo derecho a las demás mujeres privadas de la libertad. Primero, se me negaron derechos a mí y, a partir de allí, también empezamos a luchar por los derechos de otras compañeras”. Al no obtener respuesta del Estado, decidimos recurrir al mecanismo de presentación de casos ante la CIDH”.
Marta comenta que, desde la solicitud que hizo a las autoridades penitenciarias para acceder a las visitas íntimas como lesbiana, fue víctima de una persecución constante por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Asimismo, señala que fue enviada al calabozo en aislamiento, trasladada en 17 ocasiones, desde la ciudad de Pereira, pasando por Bogotá hasta Cúcuta, fue víctima de malos tratos verbales y de otras conductas que afectaron sus derechos.
La respuesta:
Trasladada en 17 ocasiones a centros de reclusión en diferentes ciudades
La conquista del derecho a la visita íntima, después de 9 años
“El informe de la CIDH permitió avanzar en un caso que estaba perdido”
“Ellos seguían negando este derecho y trasladando a las internas cuando pedían el derecho a la visita. Para no cumplir, las trasladaban. Sin embargo, esto empezó a mejorar cuando se llegó a un acuerdo con el Estado, a partir de la presentación de mi caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, recuerda Marta.
“Yo salí en libertad en diciembre de 2003. Fue en 2014 que la CIDH emitió el informe que contenía varias recomendaciones dirigidas al Estado, entre ellas, cambiar los reglamentos internos de las penitenciarías, imprimir 8 mil copias de mi diario, las cuales se deberían difundir en los centros de reclusión y librerías de forma gratuita, además de realizar capacitaciones a guardias, personal de oficinas y a las propias mujeres privadas de la libertad”.
Otra recomendación de la CIDH condujo a que, a partir de un acuerdo de cumplimiento firmado entre las partes, se implementara un grupo de seguimiento a la adopción del nuevo reglamento en todos los centros penitenciarios y carcelarios del país. Además, la Comisión recomendó al Estado que adoptara medidas de satisfacción, lo que llevó a que pidiera disculpas públicas por los actos discriminatorios contra Marta Lucía.
Ya en libertad, desde el año 2003, Marta cuenta que varias de las recomendaciones de la Comisión que fueron objeto de un acuerdo de cumplimiento firmado entre las partes fueron implementadas, de manera efectiva. El Estado cumplió con el pedido de disculpas públicas, con la impresión del diario personal de Marta Lucía y con impulsar la modificación de los reglamentos de los centros penitenciarios y carcelarios del país. No obstante, el seguimiento de las medidas acordadas por las partes sigue abierto, hasta tanto se cumpla la totalidad de las recomendaciones.
“En este proceso, la CIDH fue de gran ayuda. Sin sus recomendaciones, no hubiéramos avanzado. Este caso estaba prácticamente muerto porque nosotros empezamos en 1996 y yo salí en el 2003. Pero, se revivió, ya siguieron otros años y el caso fue avanzando. También fue la lucha de Colombia Diversa, de CEJIL, de la Red Nacional de Mujeres de Colombia. Fue una lucha en grupo y la Comisión nos ayudó muchísimo. Sin su seguimiento todo seguiría igual”.
Como resultado de las recomendaciones de la CIDH, el 6 de diciembre de 2017, se realizó un Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y Disculpas Públicas en un evento realizado en el Centro de Reclusión de Mujeres de Bogotá “El Buen Pastor”. En dicha ocasión, también se presentó el diario de Marta titulado “Mi historia la cuento yo”, donde relata su experiencia durante los años que estuvo privada de la libertad y describe cómo sus derechos fueron violados. El evento fue transmitido por videoconferencia a 118 centros de reclusión del país y su diario, enviado a 344 bibliotecas públicas y a 103 facultades de derecho del país.
La lucha de Marta continúa
Hasta el día de hoy, Marta Álvarez sigue luchando para que se respeten y garanticen los derechos de la comunidad LGBTI en las penitenciarías, a partir del acuerdo de cumplimiento firmado con el Estado colombiano, con base en el informe emitido por la Comisión.
En el 2020, ella sigue realizando visitas a penitenciarías. A principios de marzo de este año, visitó tres penitenciarías de mujeres, el Centro de Reclusión “La Badea”, en Pereira, y los centros de reclusión en Armenia y Manizales.
Con satisfacción, Marta expresó: “Haber estado en prisión y haber experimentado tantas cosas me da la posibilidad de poder comparar, mejor que cualquier persona por qué yo lo viví. Noté un gran cambio en los dos primeros centros. El acceso a las visitas íntimas de mujeres lesbianas se encuentra en cumplimiento. En Pereira, vi un gran cambio porque se habla desde la igualdad, es decir que el trato sea igual para todas las personas privadas de libertad. No se piden ni beneficios ni privilegios, se pide igualdad. Las internas comentaban, por ejemplo, que la frecuencia, duración y acceso son iguales a las de las personas heterosexuales. No hay diferencias. En Pereira es igual, pero todavía hay algunos cambios en relación al trato. Lo mismo ocurre en Manizales, pero aquí el principal desafío es el buen trato. Esto es a partir de lo que vi y conversé tanto con las guardias como con las internas”.
Entre los desafíos que permanecen, ella menciona el buen trato por parte de las guardias y la discriminación entre las mismas mujeres privadas de libertad por razón de prejuicios. “Hay avances, pero no podemos bajar la guardia y la CIDH cumple un rol fundamental. Les pido que nos sigan acompañando y que estén pendientes de este proceso. Nada es perfecto, pero hay espacio para mejorar y, si se puede, si seguimos siendo persistentes y valientes, yo por lo menos no me daré por vencida y seguiré al lado de las muchachas”.
“Lo que ellos utilizaban para reprimirme eran los traslados continuos. De hecho, fui trasladada 17 veces en taxis, aviones y buses, repitiendo algunas penitenciarías. Me metían en el calabozo en aislamiento y me negaban la visita con mi familia”.
Para Marta, ello significó el inicio de una lucha. Sostiene que esa lucha fue “una decisión para empezar a exigir que se respetaran los derechos, el derecho a la igualdad, a no ser discriminadas por nuestra identidad y orientación sexual”.
Marta era vista como una lideresa por las otras mujeres privadas de la libertad, en este camino de lucha por sus derechos.
“Confiaban en mí, me hacían llegar todas las quejas que tenían y yo las enviaba a la Defensoría. Yo confrontaba a directores y directoras de las penitenciarías, a la misma guardia. Eso para ellas significó mucho. Las llenó de mucha esperanza y de muchas expectativas y eso fue importante, porque tener esperanza dentro de la cárcel es algo muy grande”.
Marta demoró 9 años en lograr que se le garantizara su derecho a tener visitas íntimas. “Solicité la visita íntima, aproximadamente un año después de haber sido recluida, la cual obviamente me fue negada por razones ilógicas. Solo pude acceder a ella, un año antes de recobrar mi libertad”. El proceso duró casi 9 años.
A pesar de que a Marta finalmente se le garantizó el derecho a la visita íntima, para ella dicha autorización representó un hecho aislado porque el INPEC siguió negando ese derecho a las demás mujeres privadas de la libertad, pese a que existía una tutela previamente concedida a su favor.
El caso de Marta Lucía Alvarez se refiere a la arbitrariedad de la decisión de la Oficina del Director de la Reclusión de Mujeres de Pereira, Colombia el 5 de febrero de 1995 que, brindando razones discriminatorias por su orientación sexual, negó a la señora Marta Lucía Álvarez Giraldo visita íntima con su compañera.
El caso fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 4 de mayo de 1999. En su informe de fondo, publicado el 5 de octubre de 2018, la CIDH concluyó que el Estado era responsable de haber violado los derechos de la señora Marta Lucía Álvarez Giraldo bajo los artículos 5(1), 11(2) y 24 de la Convención Americana en relación con sus artículos 1(1) y 2. Considerando el principio iura novit curia, la Comisión concluyó que El Estado violó los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1(1) del mismo instrumento.
A la fecha las recomendaciones realizadas por la CIDH tienen cumplimiento total, parcial sustancial y parcial.