Etapas de la Represión
2018
Primera Etapa
Abril - Junio
La Comisión denunció patrones comunes de violaciones a derechos humanos que caracterizaron la primera etapa de la represión, entre ellos destacan: el uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial, el uso de grupos parapoliciales o grupos de choque con la aquiescencia y tolerancia de las autoridades estatales, obstáculos en el acceso a la atención médica de urgencia a los heridos, como forma de represalia por su participación en las manifestaciones.
Estos patrones tuvieron efectos letales y en esta etapa se registran 254 personas asesinadas. Adicionalmente, en esta etapa se observó un patrón de detenciones arbitrarias breves de jóvenes y adolescentes que participaban en protestas, la difusión de propaganda y campañas de estigmatización, medidas de censura directa e indirecta, intimidaciones y amenazas contra líderes de movimientos sociales y falta de diligencia en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones ocurridos.
Segunda Etapa
Julio - Agosto
En esta segunda fase de la represión, iniciada en julio, la Comisión registró las violaciones a derechos humanos en el marco de la denominada “operación limpieza”.
Dicho operativo fue desplegado sistemáticamente por el Estado con el fin de desmontar tranques y barricadas en diferentes ciudades del país. Durante los operativos, la CIDH documentó la actuación de la Policía Nacional en coordinación con grupos parapoliciales en distintas partes del país, dirigida a reprimir a las personas que mantenían los tranques y barricadas, así como a las comunidades que los apoyaban como forma de protesta y/o como medio de protección frente a las acciones de grupos progubernamentales. Como producto de estos operativos, unas 90 personas habrían fallecido y muchas más habrían resultado heridas.
Tercera Etapa
Agosto - Noviembre
La CIDH identificó una tercera fase de la represión que abarca de agosto a noviembre de 2018, principalmente en la persecución y criminalización selectiva y masiva de manifestantes, personas defensoras de los derechos humanos, estudiantes, líderes sociales, y opositores del gobierno, incluyendo trabajadores de medios opositores al Gobierno. Esta persecución y criminalización se hizo bajo cargos infundados y desproporcionados como terrorismo, irregularidades en el acceso a la justicia, el derecho a la defensa y el debido proceso para las personas acusadas; así como violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares.
2019
Cuarta Etapa
Extendida durante todo el año
A ocho meses de iniciadas las protestas, la CIDH identificó una cuarta etapa de represión estatal caracterizada por la restricción ilegítima de los derechos a la libertad de expresión, asociación y de reunión mediante la cancelación de la personería jurídica de organizaciones de la sociedad civil; la exigencia de autorización previa para la realización de protestas y mayores restricciones a la libertad de expresión. Se observó el incremento de actos de agresión y hostigamiento contra medios independientes y periodistas; la continuación de la detención y judicialización de líderes, defensores y defensoras de derechos humanos y personas opositoras al Gobierno; y la expulsión arbitraria de personas naturalizadas o residentes permanentes que participaron en las protestas y de periodistas extranjeros.
2020
Quinta Etapa
Extendida durante todo el año
Esta etapa está caracterizada por la intensificación de actos de vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra personas opositoras al gobierno, así como hechos de violencia en zonas rurales y contra comunidades indígenas y afrodescendientes. La CIDH advirtió la prolongación de un estado de excepción de facto que mantiene suspendidos o severamente limitados derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación, el derecho de reunión, a la defensa de derechos humanos, a la protesta social y a participar en la dirección de los asuntos públicos.
2021
Sexta Etapa
Extendida durante todo el año
Desde el inicio de 2021, la CIDH constató la intensificación de una nueva etapa de represión, caracterizada por un conjunto de acciones estatales que tuvieron por efecto poner fin a la participación de la oposición aún antes de realizarse las elecciones generales.
En particular, la CIDH recibió información preocupante sobre la cancelación de la personería jurídica de los partidos de oposición; la detención y criminalización de líderes y lideresas, incluyendo personas pre candidatas presidenciales mediante la aprobación y utilización de leyes penales con contenido ambiguo y que restringieron arbitrariamente los derechos políticos de la población nicaragüense, reformas a la ley electoral contrarias al derecho internacional de los derechos humanos.
2022
Séptima Etapa
2022 - actualidad
Esta etapa inicia con la toma de posesión de Daniel Ortega para su cuarto mandato consecutivo en la presidencia en enero de 2022, caracterizada por la supresión del espacio cívico, a través del cierre masivo de organizaciones de la sociedad civil, la desarticulación de movimientos sociales y de medios de comunicación, así como la persecución selectiva de cualquier persona que cuestiona al gobierno en cualquier ámbito de participación cívica y social disponible, incluyendo el religioso. Esta estrategia represiva tendría como finalidad mantener un régimen de concentración del poder en el Ejecutivo y de quebrantamiento del sistema democrático basado en la imposición de un estado policial, la suspensión facto de los derechos y libertades fundamentales que hacen parte del espacio cívico y, en última instancia, la desaparición de la sociedad civil organizada en el país.
En 2023, la CIDH condenó la privación arbitraria de la nacionalidad de 317 personas nicaragüenses, en violación de las garantías del debido proceso, y como mecanismo de sanción y represalia. Según ha sido indicado, esta medida buscaría “producir la muerte civil de las personas a través de la eliminación de registros de nacimiento, confiscación de bienes, y la expulsión” de su propio país.
Se intensifica la represión contra la Iglesia Católica, así como la intención de suprimir los espacios y celebraciones religiosas que pudieran representar una crítica o disenso frente al Gobierno. De manera reciente, la CIDH ha recibido información persistente sobre la prohibición de la Policía Nacional para la realización de actos religiosos en el espacio público e inclusive, impedimentos para la celebración de misas, mediante el asedio policial a iglesias, detenciones arbitrarias o la toma de las inmediaciones de los templos.
Capítulo IV. B –
Nicaragua 2022
Incluye el seguimiento de la CIDH a la grave crisis de derechos humanos que enfrenta el país, en el marco del quebrantamiento del orden constitucional y democrático; así como la intensificación de una nueva estrategia represiva tendiente a la cooptación y control total del espacio cívico, para acallar todas las voces críticas, anular la disidencia u oposición política, y restringir la participación de la población en los asuntos de interés público y social.
Acciones Urgentes
Reestablecimiento de la Institucionalidad Democrática
Adoptar las medidas necesarias para superar la crisis de derechos humanos mediante el restablecimiento de la institucionalidad democrática, la plena vigencia del Estado de derecho y las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión.
Verdad , justicia y reparación
Se deben iniciar procesos que promuevan la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de la grave crisis que experimenta el país.
Cese de la Represión
El Estado debe cesar la represión, reconocer los hechos ocurridos y cumplir sus obligaciones internacionales en materia de verdad, justicia y reparación, así como sostener un diálogo efectivo, legítimo e inclusivo con la sociedad civil.
Fin a la Impunidad
Poner fin a la impunidad por las violaciones a los derechos humanos desde el inicio de la crisis en 2018.
Personas privadas de Libertad
Liberar a todas las personas detenidas el contexto de la crisis iniciada en el 2018.
Movilidad humana
Proveer garantías de libertad de tránsito, brindar asistencia humanitaria a personas desplazadas internas. Además, garantizar la salida y el retorno al país libre, voluntario y seguro.
Informe Anual CIDH 2022
Es un instrumento de referencia regional que compila la situación de los derechos humanos en el hemisferio, el cual presenta los avances y desafíos de los Estados miembros de la OEA en la materia; y expone los logros institucionales, el trabajo y actividades realizadas por la Comisión para garantizar y proteger los derechos humanos de todas las personas en la región.
Galeria Multimedia
Esta publicación cuenta con la colaboración de la Cooperación Española, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y no refleja necesariamente, la postura de la AECID.