“Vertical en sus conceptos y valiente al expresarlos”, rememora Luis Guillermo Restrepo, colega y amigo del periodista Gerardo Bedoya Borrero asesinado el 21 de marzo de 1997, en la ciudad de Cali, Colombia. Si hay algo que permanece en la memoria de todas las personas que conocieron a Gerardo es que, decía lo que pensaba con ímpetu y lo plasmaba en cada palabra que escribía en sus columnas de opinión en el diario El País en una Cali convulsionada, ciudad que intentaba salir de una crisis estructural donde la violencia de organizaciones criminales y la corrupción hacían indispensable el oficio del periodismo y la protección a la libertad de expresión y opinión, libertad por la cuál Gerardo dio la vida. 

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El 30 de septiembre del 2019, en un acto público, el Estado de Colombia reconoció su responsabilidad internacional por el la falta de investigación del homicidio del periodista Gerardo Bedoya, como parte de un conjunto de medidas que forman parte del Acuerdo de Solucion Amistosa (ASA) firmado entre las partes, en el marco del caso tramitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El reconocimiento representa el inicio en la búsqueda de la verdad para la familia, 23 años después de su asesinato. Para colegas y amigas y amigos de Gerardo, es un importante precedente que fortalece la libertad de expresión en un país como Colombia, cuya sociedad persiste en su lucha constante para lograr la paz.

 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organización peticionaria en el proceso ante la CIDH, resaltó la importancia del caso del asesinato de Gerardo Bedoya, ya que pese al paso del tiempo se insistió por justicia, por reparaciones y a favor de la memoria. 

 

“Bedoya se dedicó al periodismo, a buscar la verdad y a denunciar lo que consideraba estaba errado en la sociedad colombiana”, relató Ricardo Trotti, director de la SIP. Las y los representantes de esta organización, dedicada a la vigilancia de la libertad de expresión, se sienten “en la obligación de seguir el ejemplo de Bedoya: buscar la verdad y luchar en contra de las injusticias”.

 

El ASA fue firmado por el Estado de Colombia y la SIP, como peticionaria, el 16 de agosto del 2019. En el acuerdo, Colombia se comprometió a realizar nueve puntos como reparaciones, entre ellos continuar con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos, solicitar a la Procuraduría General de la Nación que se estudie la viabilidad de constituir una agencia especial en el proceso penal, realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad y de disculpas públicas, designar con el nombre de Gerardo Bedoya Borrero a la carretera Jamundí – Robles – Timba y otogar hasta cuatro becas de estudio, cada una por valor de hasta $12.500.000 (moneda colombiana), para financiar el programa de pregrado en Comunicación Social en la Universidad del Valle, entre otros.  

 

Ampliando el diálogo entre la Sociedad Civil y el Estado

 

“El acuerdo de solución amistosa fue un proceso muy interesante por la variedad de medidas de satisfacción solicitadas por las víctimas del caso. Para la materialización de las mismas, fue necesaria la articulación intersititucional, vinculando en su desarrollo a entidades del orden nacional y del nivel departamental y municipal, lo cual representó un importante reto”, explicó María del Pilar Gutiérrez, asesora de la Dirección de Defensa Jurídica Internacional de Colombia.

 

“El reconocimiento, en un acto público, fue una actitud de respeto hacia la libertad de prensa y el ejercicio periodístico. Este caso deja en evidencia las bondades del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), a través del cual, con perseverancia y esfuerzo, los familiares de las víctimas, los peticionarios y las organizaciones pueden encontrar sosiego y tener la esperanza de que la justicia tardía también es justicia”, rescató Trotti, resaltando la importancia de la obligación que tiene el Estado para seguir investigando, luego juzgar y sancionar a los responsables del asesinato.

 

Abogado, economista, poeta, escritor y diplomático, conversador versado, duro en sus opiniones y fuerte argumentador, de una cultura enorme; así recuerdan a Gerardo, sus colegas y su sobrina, Rosa María Ramírez.

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“Además de la compensación económica por lo vivido durante este largo proceso, que creemos es justa, preocupa lo simbólico, no son solo las disculpas, creemos que es importante que se otorguen las becas a la gente más necesitada y así se impulse al periodismo en el país”, relató, Rosa María. 

 

Rosa María rememora el miedo que se apoderó de la familia durante los días posteriores al asesinato, la revictimización que sufrieron durante el inicio del proceso donde les tocó también soportar las hipótesis de la investigación, dirigidas a desviar el tema central a cuestiones personales de Gerardo, por lo cual la línea investigativa no derivó nunca en la vinculación del hecho con las columnas de opinión que escribía sobre investigaciones periodísticas que reportaban una posible vinculación entre autoridades y el crimen organizado en Colombia.  

 

“El proceso estuvo muy lento, incluso nos echaron la culpa por no cooperar, nosotros alertamos que se estaban yendo por un lado que no era y eso definitivamente impactó al proceso. El tratamiento que se le dio al asesinato de otros periodistas en Colombia no se compara en lo mínimo con lo sucedido con mi tío y eso ha afectado  su memoria y recién vemos que empieza a conocerse la verdad”, señaló Rosa María.

 

Unos meses antes del asesinato, El País había pedido la renuncia de altas autoridades en un editorial escrito por Gerardo junto al entonces director del diario, Rodrigo Lloreda.

 

“El asesinato de Gerardo fue un intento por silenciar la denuncia y un mensaje de amedrentamiento a la sociedad que en Cali recibió el repudio y el rechazo generalizado, lo que no sirvió para hacer que el Estado investigara el crimen”, acota su colega, Guillermo Luis Restrepo.

 

Por otra parte, Trotti indicó que la decisión anima a la SIP. “La declaratoria de lesa humanidad del caso que permitirá que la búsqueda por la verdad y la justicia estará siempre presente. Dentro de las medidas de reparación, destacamos el valor que tiene el financiamiento de cuatro becas de estudio en la Universidad del Valle en Cali. Esto permitirá que las nuevas generaciones de periodistas mantengan en la memoria, la vida y obra de Gerardo Bedoya”, apuntó. 

 

Desde la Dirección de Defensa Jurídica Internacional de Colombia, entienden que este proceso de solución amistosa evidencia el compromiso del Estado frente a la garantía del ejercicio del derecho de libertad de expresión y concretamente de la libertad de prensa. 

 

“Creemos que los avances logrados en este caso y la variedad de medidas de satisfacción que se ha implementado, son un buen precedente frente a otros casos y pueden generar confianza en las víctimas y sus representantes”, indicó Gutiérrez.

 

La otra búsqueda: la reparación para la no repetición

 

Para la SIP, Colombia es el Estado que mejor habría trabajado en contra de la violencia hacia las y los periodistas y otras personas profesionales dedicadas a los derechos humanos, ya que según relata su director, habría sido el primer país en establecer un sistema de protección eficiente en el año 2000, lo que es tomado como un ejemplo a nivel mundial. 

 

“En coincidencia con organizaciones de libertad de prensa y tras dos décadas de práctica, aprendizaje y experiencia, creemos que llegó el tiempo de hacer algunas reformas para hacer más eficiente el sistema, para que, en vez del trabajo reactivo en contra de la violencia, se trabaje más en un sistema de prevención de esa violencia”, comentó Trotti.

 

Según la Dirección de Defensa Jurídica, la estrategia de acompañamiento a este proceso cuenta con diferentes líneas de acción como la iniciación de un trabajo de cultura institucional con todas las personas trabajadoras de la Fiscalía General de la Nación, que permita la apropiación del concepto de defensoras y defensores de derechos humanos y sus implicaciones en la investigación penal, así como el reconocimiento de la labor de defensa de derechos humanos de la víctima como primea hipótesis investigativa.

 

“En suma, se trata de un plan de trabajo que permita la articulación interna entre las diversas dependencias que investigan delitos cometidos contra defensores de derechos humanos en Colombia”, dijo Gutierrez.

 

Trotti, de la SIP, destacó el impacto positivo del reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado. “Legitimaron los reclamos de las víctimas que hasta antes de este proceso de reparación habían perdido la esperanza en el sistema. Incentivando a las organizaciones que luchan por los derechos humanos y demostrando que el SIDH es eficiente y es una esperanza para todos los demás casos que pudieran estar en el olvido o archivados”, rescató.

 

Mientras tanto, aunque en el 2019 la justicia colombiana e interamericana lograron avances para superar la impunidad en algunos crímenes contra periodistas, se reportaron 15 periodistas amenazados, quienes según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), tuvieron que huir de sus ciudades y algunos incluso del país.  

 

“El peor enemigo de la libertad de prensa, de la democracia y del periodismo libre es la impunidad”, afirma Luis Guillermo Restrepo, mientras resalta la convicción de su colega y amigo y prosigue diciendo que “si hay impunidad para quienes asesinan periodistas como Gerardo es imposible hablar del respeto al derecho a la libertad de expresión aquí y en cualquier parte del planeta”.