Paola Guzmán Albarracín
Caso Emblemático de Violencia Sexual en las Aulas

Paola Guzmán Albarracín
Paola Guzmán Albarracín era una niña ecuatoriana que su madre, doña Petita Albarracín, describe como tranquila, hogareña y que disfrutaba de jugar con sus primos.
A sus catorce años, Paola comenzó a tener problemas de rendimiento académico, situación que el vicerrector de la escuela pública donde estudiaba aprovechó para acosarla y abusar de ella sexualmente. Tras dos años del continuo abuso, que era conocido y tolerado por personal educativo, Paola murió por suicidio.
Doña Petita describe que los primeros años de búsqueda de justicia por su hija no fueron fáciles. No contaba con los recursos para pagar a una persona abogada y en muchas ocasiones no había quien la acompañe a buscar a las autoridades. Sin embargo, se puso en contacto con el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres, el CEPAM y su situación cambió.
El CEPAM es una organización feminista ecuatoriana con
41 años de trabajo quien, de la mano del Centro de Derechos Reproductivos, tomó el caso de Paola y lo llevó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Petita Albarracín y Lita Martínez
Este sistema está compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre otras funciones, el sistema apoya a que las personas que han agotado todas las alternativas a nivel nacional puedan acceder a una justicia y reparación basada en los acuerdos internacionales de los cuales su país es parte. Como por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como la Convención Belém do Pará.
La Comisión conoció la historia de Paola Albarracín en octubre de 2006. En su Informe de Fondo, concluyó que Paola fue víctima de violencia sexual y que existió una relación directa entre dicha violencia y su decisión de quitarse la vida. Determinó también que el Estado falló en sus obligaciones de prevención y de debida diligencia, por lo que formuló una serie de recomendaciones para Ecuador.
En 2019, tras el incumplimiento de las recomendaciones, la Comisión mandó el caso a la Corte Interamericana para que ésta pueda pronunciarse al respecto. Este fue el primer caso que llegó a la Corte sobre violencia sexual contra una niña en el ámbito educativo y marcó un hito en el derecho a una vida libre de violencia sexual en las aulas. En su sentencia en 2020, la Corte responsabilizó a Ecuador por la violencia sexual que sufrió Paola en el colegio público donde estudiaba y enfatizó el deber que el Estado tenía de cuidar de ella. De la misma forma, estableció medidas de reparación que Ecuador debería implementar.



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“Para mí fue algo importante. Yo nunca pensé llegar hasta esa instancia, pero fue una bendición. Más por las abogadas que también ellos hicieron su trabajo porque dependes de ellos, de ellas. Y gracias a Dios llegamos a esa instancia, que yo me sentí muy bien, muy tranquila, porque todo lo que ellos hacían lo hacían muy bien.”
Como parte de las medidas de reparación, el Estado realizó un acto público donde, con presencia del entonces presidente Lenín Moreno, reconoció la responsabilidad estatal por la vulneración de derechos y pidió disculpas. En el evento, también se otorgó el título póstumo de bachiller a Paola y se decretó el 14 de agosto como Día de la lucha contra la violencia sexual en el ámbito educativo.
La abogada Lita Martínez, Directora Ejecutiva de CEPAM, describe cómo es que uno de los principales logros de llevar el caso de Paola al Sistema Interamericano es romper con “el orden simbólico” que existe en la violencia de género y como es que esto trasciende a las víctimas.
Respecto del Informe de Fondo de la CIDH, la abogada tambien comenta que funcionó como “hoja de ruta”; no solo para continuar con el proceso dentro del Sistema Interamericano, sino también como una mirada externa que articula los estándares interamericanos en el caso y que permite a las organizaciones tomar esa información como base para su trabajo en
diversos espacios.
De esta manera, la búsqueda de justicia para Paola a través del Sistema Interamericano tiene un impacto a nivel regional pues, tanto la Comisión como la Corte, establecen líneas claras de acción, no solo para Ecuador sino para toda América y Caribe.
Lita Martínez describe también la forma en la que, desde que se admite el caso ante la Comisión Interamericana, existe ya un proceso reparador en sí mismo para las víctimas, pues las apoya a asimilar que hubo una violación de derechos humanos.
Como parte de su trabajo con el caso, la Comisión Interamericana convocó a una audiencia pública el 19 de octubre de 2015 en el 156 Periodo de Sesiones. Por lo cual las organizaciones y doña Petita viajaron a Washington DC para hablar con las personas Comisionadas y exponer el caso.
Sobre esta experiencia, la abogada Martínez explica que la Petita con la que se embarcó en el aeropuerto de Guayaquil es otra que con la que regresó.
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“Uno de los principales hitos de esta sentencia, de haber llevado el caso al Sistema Interamericano, es justamente esta posibilidad, esta certeza, de que es posible romper con el orden simbólico y el orden tácito de este poder patriarcal. Y para ello nos nutre de elementos y de recursos para cuestionar y para erradicar, para minar esta impunidad. Que creo que es a mi criterio lo más importante que le deja el mensaje final que les deja las víctimas y que nos deja a la sociedad en general. Que es posible romper la impunidad y que es posible encontrar justicia no necesariamente en nuestros países. La sentencia en ese sentido, mi criterio trasciende a las víctimas"

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“Una es la Petita con la que yo me embarqué en el aeropuerto en Guayaquil, y otra es la Petita que regresó después de la audiencia de la Comisión. Una Petita con mucho temor. Tenía la certeza de que era lo que tenía que hacer, pero creo que no estaba convencida de que se iba a lograr algo. Pero cuando tuvo la posibilidad de dar su testimonio, de ser escuchada, de estar en la audiencia en la Comisión, su postura, su mirada del caso fue de una transformación tal que se apersonó. Encontró que es posible avanzar."

Hoy, doña Petita marcha el 8 de marzo y el 25 de noviembre por los derechos de mujeres, adolescentes y niñas, y acompaña las acciones de jóvenes activistas que dan seguimiento a la sentencia de la Corte. También, motiva a otras mujeres que se le acercan con casos de violencia a que busquen a las organizaciones, a las que describe como equipos fuertes, con mujeres valientes y amorosas, sin las que no hubiera podido llegar tan lejos. Doña Petita comenta que siempre recordará a su hija y que, aunque aún sienta dolor, ha encontrado una “paz tranquila.”
Sobre el caso
El caso de Paola del Rosario Guzmán Albarracín se refiere a la violencia sexual perpetrada por el Vicerrector de la institución educativa en Ecuador a la que ella acudía. Este hecho condujo a que Paola se suicidara el 13 de diciembre de 2002. El caso fue admitido por la CIDH el 17 de octubre de 2008. En su informe de fondo, la Comisión concluyó que Ecuador es responsable de la violencia sexual que vivió Paola y que existió una relación directa entre dicha violencia y la decisión de quitarse la vida. Igualmente, la CIDH determinó que el Estado no garantizó la protección de la adolescente ni el acceso a la justicia.
El 24 de junio de 2020, Corte IDH declaró la responsabilidad de Ecuador por la violencia sexual sufrida por Paola, así como la violación a las garantías y protección judicial de la madre y la hermana de Paola, Petita Paulina Albarracín Albán y Denisse Selena Guzmán. Concluyó que Ecuador no cumplió con sus obligaciones de protección ni actuó con diligencia para prevenir la violencia. También, señaló que la falta de educación sexual y reproductiva generó la situación de vulnerabilidad en Paola, pues no contaba con herramientas para comprender la violencia sexual.
El caso de Guzmán Albarracín fue pionero en reconocer el derecho de las niñas a vivir libres de violencia en el ámbito educativo y en establecer la educación sexual y reproductiva como un componente esencial para prevenir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.
Las recomendaciones realizadas por la CIDH y las reparaciones ordenadas por la Corte IDH están en proceso de implementación por parte del Estado ecuatoriano.